El juez rechaza agrupar en uno los pleitos de los inversores gallegos en Novagalicia

El juzgado suspende el juicio por la demanda de Añón que tendría que iniciarse el jueves porque aún no recibió la documentación solicitada a los entes reguladores.

Cada una de las denuncias de los empresarios contra el FROB se juzgará por separado

El titular del juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña acaba de rechazar la pretensión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de agrupar en una sola todas las demandas en su contra presentadas por los empresarios gallegos que invirtieron un total de 70 millones en NCG antes de ser nacionalizada y que perdieron su capital tras la entrada de la ayuda europea a través de una llamada operación acordeón -reducción de capital a cero para una posterior ampliación por los 5.425 millones del rescate-.

El FROB y NCG tendrán que defenderse de cada una de las demandas -actualmente hay cuatro en marcha, una de ellas, en Madrid- por separado en los distintos juzgados coruñeses y hacer frente a cada pleito. El primer juicio será contra Hierros Añón, la sociedad de Manuel Añón Rey, que fue la que más capital inyectó en Novagalicia (25 millones) y que tenía que empezar el próximo jueves.

El juzgado de Primera Instancia número 2 comunicó ayer su decisión de suspender las vistas previstas para el jueves y viernes de esta semana porque el juzgado todavía no ha recibido la documentación requerida sobre el caso.

Fuentes próximas al pleito explicaron que entre esta documentación se encuentran informes requeridos al Ministerio de Economía, la Comisión Europea o el Banco de España, claves para determinar si, como sostiene la representación legal de Añón, el empresario fue engañado sobre la situación patrimonial del banco y el valor real de las acciones que compró entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Las mismas fuentes dan por hecho que el juicio no se celebrará hasta después del verano, dado que agosto es inhábil para la justicia ciivil. Curiosamente, la pretensión del FROB de aunar las demandas fue cursada al juzgado de Primera Instancia número 5, que recibió al menos una de las denuncias de las cuatro en la que se reparten diversas empresas -Gadisa, Hijos de Rivera, Inveravante, Inversiones Subel (de la familia Fernández Somoza, expropietaria de Azkar), astilleros Rodman, Coren, Copasa, Inversiones gallegas del cable, entre otras-. El fondo de rescate pretendía juntar en un solo pleito todos menos el de Hierros Añón, que es el que está más avanzado, aunque a prácticamente todos los empresarios los representa el mismo abogado, Daniel Jiménez, experto de un bufete de Madrid.